viernes, 31 de julio de 2009

El Concejo dejó sin efecto la norma que establecía un fondo para la discapacidad

La ordenanza aprobada el jueves pasado había generado el malestar del sector de la cultura.

Se hará uso del mecanismo de "reconsideración". El expediente 413 volverá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Salud, Acción Social y Medio Ambiente, donde se propiciarán los debates intersectoriales que enriquezcan la norma.

El Concejo Deliberante, en sesión extraordinaria –decreto 137/09– dejó sin efecto la norma que establecía un fondo para la discapacidad mediante el cobro del 5% de las entradas a espectáculos públicos y deportivos en Paraná.

El proyecto de Marta Alem –quien no estuvo presente en la sesión– generó una álgida polémica en el sector de la cultura y el espectáculo local.

El Concejo aprobó por unanimidad reconsiderar la Ordenanza aprobada el 23 de julio pasado, haciendo uso del mecanismo de “reconsideración” previsto en el reglamento interno del cuerpo por el cual el texto aprobado –aún no promulgado ni publicado por el Ejecutivo– quedará sin efecto.

En tanto el expediente 413 del dictamen que le dio origen volverá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Salud, Acción Social y Medioambiente donde se propiciarán los debates intersectoriales que enriquezcan la norma.

En este punto, y tal como lo anticipó RecintoNet, se advirtió que una de las propuestas es mantener el espíritu de la Ordenanza desechada pero utilizar fondos existentes para los recursos necesarios para el fondo.

La sesión extraordinaria fue convocada por el decreto 137/09 considerando el artículo 98 de la Ley 3001.

En el recinto el concejal Gabriel Molina (PJ) expresó “atento a lo acordado y consensuado por los concejales de todos los bloques, y haciendo uso del recurso de reconsideración previsto en el Reglamento, se decidió que el texto vuelva a las comisiones que emitieron el dictamen y que quede sin efecto la votación de la sesión ordinaria 32º, del 23 de julio.

Luego de la escueta explicación adhirieron a la moción los 13 concejales presentes. En tanto que la edila Cristina Sosa aclaró que la “reconsideración implica dejar sin efecto la norma aprobada”, según indica RecintoNet.

Luego Pablo Biaggini, presidente del cuerpo, agregó que se trata de un mecanismo excepcional que ya tiene antecedentes previos por el cual ordenanzas no promulgadas con problemas excepcionales, como los generados por este texto pueden desestimarse, volver a debatirse y modificarse.

"Hemos decidido mantener la conformación del fondo, pero vamos a asegurar que el financiamiento sea con los recursos ya existentes en el erario público municipal. La decisión se tomó para contribuir a calmar los ánimos y a evitar lo malentendidos. Hay un humor social en la ciudad, fruto de un contexto económico adverso en el cual cualquier nuevo gravamen que se quiera crear va a originar situaciones de rispidez”, reconoció a APF tras la sesión.

El origen de los recursos “se está discutiendo y va a ameritar nuevas reuniones con los técnicos de Hacienda del Ejecutivo. Hay dos alternativas: o asignar una suma fija de rentas generales o un porcentaje de producido de recursos ya existentes, como multas, publicidad, cartelería u otro derecho que esté percibiendo la Municipalidad.

La ordenanza tenía como meta gravar los espectáculos públicos, no la actividad artística. Obviamente, en el primer concepto algunas actividades artísticas quedaban comprendidas”. El texto no definía con claridad esto y los concejales se hicieron cargo. Se había pergeñado que la reglamentación –a través de un decreto del Ejecutivo– pudiese hacer un distingo de estas situaciones”, marcó.

El titular del Concejo mencionó que se pensó en poner parámetros de espectadores, para imponerles el tributo a los que superen ciertos límites “pero podíamos encontrarnos con que ciertas producciones locales de muy bajo costo tuviesen masividad. Hubiera sido injusto e inequitativo que quedaran comprendidas dentro del gravámen”. También referencias en el precio de las entradas.

“No se pudo comunicar debidamente. Entendemos a muchos de los sectores que reaccionaron. También lo hicieron sin haber leído lo que se había votado. La ordenanza ni siquiera llegó a ser comunicada al Departamento Ejecutivo”, acotó.

Para el edil “el malentendido fue mayúsculo y generó mucho mal humor social. Es una ordenanza que tiene una finalidad muy noble. Se había puesto una situación que parecía que iba a quedar cultura versus discapacidad. No era la idea. El espíritu no es de confrontar con los sectores, si no trabajar solidariamente”.

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